Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA)

La Inteligencia Artificial (en adelante, IA) ha sido identificada a nivel mundial como una de estas tecnologías con mayor proyección e impacto en todas las áreas de actividad. La IA actúa como un catalizador de la investigación y la innovación, haciendo de la generación, almacenamiento y procesado masivo de datos (Big Data) un sector económico en sí mismo en el nuevo escenario digital y de desarrollo tecnológico. Estos fenómenos están teniendo ya un fuerte impacto transformador en múltiples sectores de actividad: medioambiente; energía; industria; turismo; transporte, movilidad y logística; alimentación, agricultura y ganadería; banca y seguros; comercio minorista; construcción; e industrias creativas y culturales.

A ellos se suman sectores sensibles y estratégicos tales como la Sanidad, la Educación, o la Seguridad.

Esta Estrategia Nacional no está planteada como un documento cerrado, de carácter administrativo, sino como un marco dinámico, flexible y abierto a la aportación de las empresas, ciudadanos, agentes sociales y resto de administraciones públicas. Es un proyecto de país, en el que el Gobierno quiere integrar a todos, para una economía inclusiva y sostenible. Es también un compromiso compartido con nuestros socios europeos para que la UE se sitúe como líder en el despliegue de una IA inclusiva, ética, confiable y económicamente eficiente.

EJES ESTRATÉGICOS:

EJE ESTRATÉGICO 1. Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en IA.
EJE ESTRATÉGICO 2. Promover el desarrollo de capacidades digitales, potenciar el talento nacional y atraer talento global en inteligencia artificial.
EJE ESTRATÉGICO 3. Desarrollar plataformas de datos e infraestructuras tecnológicas que den soporte a la IA.
EJE ESTRATÉGICO 4. Integrar la IA en las cadenas de valor para transformar el tejido económico.
EJE ESTRATÉGICO 5. Potenciar el uso de la IA en la administración pública y en las misiones estratégicas nacionales.
EJE ESTRATÉGICO 6. Establecer un marco ético y normativo que refuerce la protección de los derechos individuales y colectivos, a efectos de garantizar la inclusión y el bienestar social.